SECCIÓN II
DE
LA AMENAZA Y DE LOS ACTOS DE INTIMIDACIÓN
CONTRA LAS PERSONAS QUE EJERCEN UNA FUNCIÓN PÚBLICA
CONTRA LAS PERSONAS QUE EJERCEN UNA FUNCIÓN PÚBLICA
Artículo
315. Amenaza e intimidación contra funcionario público. Quien profiera amenazas
o lleve a cabo cualquier acto de intimidación contra un funcionario o servidor público con el propósito de que éste cumpla se abstenga
de ejecutar un acto consustancial con sus
funciones, o para que éste se prevalezca de sus atribuciones y así obtenga de
otro funcionario o servidor público determinada ventaja o
decisión a favor de un particular o de un
tercero, será sancionado con prisión mayor de cuatro a diez años y multa de
cuatro a diez veces el salario mínimo del
sector público que perciba el funcionario o servidor público que fuera víctima de este hecho al momento de la
comisión de la infracción.
